La Comisión de Trabajo del Congreso de la República ha aprobado un dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil, conocida como Ley Servir, que regula el trabajo de los servidores públicos y busca reformar el sistema de contratación basado en la meritocracia. Esta decisión ha generado controversia y preocupación entre expertos en derecho laboral y funcionarios públicos.
IMPACTO EN FUNCIÓN PÚBLICA
El abogado laboralista Javier Dolorier advirtió sobre las graves consecuencias que podría tener la derogación de esta ley. Según Dolorier, dejar sin efecto la Ley Servir permitiría que las entidades públicas se conviertan en espacios de copamiento político y personal, donde los puestos laborales se otorguen por amistades o influencias y no por méritos. "Cada entidad podría crear sus propios perfiles y puestos, sin filtros ni controles, lo que podría llevar a un incremento de la corrupción y la ineficiencia en el sector público," señaló.
El letrado también recordó los recientes escándalos de contratación en el Congreso y el Poder Ejecutivo, donde se evidenció que muchos funcionarios fueron contratados más por razones personales que por sus méritos. "Parece que no hemos aprendido de estas experiencias," lamentó.
CONGRESO DIVIDIDO
El congresista del Bloque Magisterial y miembro de la Comisión de Trabajo, Alex Paredes defendió la derogación, argumentando que la Ley Servir ha sido discriminatoria, especialmente hacia los funcionarios de regiones. "Cuánto gana un gerente de Servir, 15 mil soles. ¿Y cuánto gana un funcionario que puede estar desarrollando las mismas funciones en otras instituciones? No más de 5 mil soles," indicó el congresista, señalando la disparidad salarial como una de las razones para derogar la ley.
Por otro lado, la congresista Susel Paredes expresó su preocupación por la falta de criterios meritocráticos en la administración pública sin la Ley Servir. "Cada presidente que viene trae su gente, y cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo y con Dina Boluarte," argumentó Paredes, enfatizando la necesidad de profesionales que ingresen y asciendan por concurso para garantizar una carrera del servicio civil basada en la meritocracia.
FUTURO DE LA NORMA
De derogarse esta norma, el Congreso tiene un plazo de 30 días hábiles para conformar una comisión que evalúe y elabore un diagnóstico sobre las contrataciones públicas. Este diagnóstico deberá estar culminado en un plazo de 120 días. Sin embargo, Dolorier criticó esta medida como "una irresponsabilidad absoluta," señalando que Servir ya ha realizado diagnósticos exhaustivos que deberían ser considerados antes de iniciar cualquier reforma.
"La decisión del Congreso nos podría hacer retroceder cerca de 40 años en materia de contrataciones en el servicio público," concluyó el especialista, advirtiendo sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la administración pública del país.
