Han pasado tres meses desde que la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por presuntamente exigir parte del sueldo de sus trabajadores para contratar publicidad en internet.
El caso estaría lejos de llegar a su etapa final, esto luego que el Ministerio Público decidió ampliar el plazo de la pesquisa por 60 días más para realizar otras diligencias, lo que en el Congreso ha sido tomado como una demora que busca proteger a Soto.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dispuesto que se pida al Parlamento la relación del personal de confianza que trabajó con Alejandro Soto cuando este fue vocero de la bancada de Alianza para el Progreso entre julio de 2022 y julio de 2023.
De igual manera, se ha solicitado al Congreso entregar las planillas de remuneraciones de estos trabajadores, así como la “copia certificada” de sus hojas de vida. Cuando todos los trabajadores y ex trabajadores sean identificados, serán citados ante el Ministerio Público.
EL CASO
Cabe recordar que Alejandro Soto es investigado por el presunto delito de concusión, según la denuncia periodística, los trabajadores de soto sufrían el recorte de un porcentaje de su salario para utilizar dicho dinero en publicidad en internet para mejorar la imagen del congresista de Alianza para el Progreso.
