En Perú, un nuevo decreto legislativo que endurece las penas por robo agravado de teléfonos celulares ha entrado en vigor, estableciendo penas de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, el exprocurador Cristian Salas cuestiona la efectividad de esta medida en la prevención del delito.
Salas argumenta que la estrategia para combatir el robo de celulares no debería basarse únicamente en medidas punitivas. A pesar de los operativos frecuentes en lugares como Las Malvinas y la Avenida Argentina, donde se decomisan celulares de dudosa procedencia, la incidencia del delito no parece disminuir. Incluso con el incremento de las penas, Salas sostiene que los delincuentes no se disuaden fácilmente.
Según el exprocurador, el aumento de las penas no ha servido históricamente para disminuir los fenómenos criminales. En lugar de ello, sostiene que el enfoque debería estar en abordar las bases estructurales que generan el delito, como las carencias económicas, el déficit de institucionalidad, la falta de compromiso nacional, las deficiencias educativas, entre otros factores.
Salas considera que el endurecimiento de las penas es una medida política que busca capitalizar el hartazgo y la preocupación de los ciudadanos. No obstante, advierte sobre las posibles consecuencias de esta medida. Por ejemplo, si la pena por robo de celular es mayor que la de homicidio, los delincuentes podrían optar por matar a sus víctimas para evitar ser identificados.
Asimismo, critica la falta de enfoque en la prevención del delito y la resocialización de los delincuentes. El letrado sostiene que el sistema penitenciario actual no está sirviendo como un medio efectivo de resocialización, y que muchos delincuentes vuelven a cometer delitos una vez liberados. En lugar de centrarse en medidas punitivas, Salas aboga por políticas estructurales a largo plazo que aborden los factores que generan el delito. Esto incluye mejorar la economía, fortalecer las instituciones, fomentar el compromiso ciudadano y mejorar la educación.
Además, advierte sobre el riesgo de sobrepoblación en las cárceles si se implementan penas más duras. Según él, esta medida podría llevar a un sistema penitenciario ya colapsado al borde del colapso.
