Buenos Días Perú

19/05/2023

Susana Villarán: PJ rechaza impedimento de salida del país por 36 meses en su contra por el caso Lava Jato

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó también la decisión del juez Chávez Tamariz de imponer mandato de comparecencia con restricciones a la exalcaldesa de Lima.




El Poder Judicial confirmó la resolución que rechaza el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de  colusión agravada en el marco del caso Lava Jato.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional adoptó esta medida tras desestimar la apelación que presentó el Ministerio Publico para revocar la decisión que emitió el juez Jorge Chávez Tamariz dentro de este caso.

El Tribunal Superior también revocó el extremo de la resolución del juez Chávez Tamariz en el que impuso a Susana Villarán el pago de una caución económica de S/ 20 mil como parte de esta investigación preparatoria.

Sin embargo, la Sala Superior confirmó la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz de imponer mandato de comparecencia con restricciones a Villarán sujeto a reglas de conducta, tales como no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización judicial, prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos y peritos, no brindar declaraciones a los medios de comunicación, entre otras.

PEAJES DE LAMSAC Y ODEBRECHT

Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, Villarán de la Puente habría concertado con directivos de la empresa O.A.S Sucursal Perú y Lamsac a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla en el año 2012.

Esto permitió el reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por Lamsac en el año 2013 a cambio de apoyo económico para su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.

En setiembre del año 2022, Pérez Gómez solicitó 29 años de prisión contra la exburgomaestre por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de la constructoras brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar tanto su campaña por el “NO” a su revocatoria como para su campaña de reelección en el 2014, entre otros hechos.


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