En la tarde del último sábado 16 de abril, el gobierno de Pedro Castillo sorprendió a muchos al proponer la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres en relación al caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido hace unos días en Chiclayo.
Este anuncio, que se debatirá en el próximo Consejo de Ministros, ha desatado reacciones a favor y en contra por parte de autoridades y la ciudadanía misma por diferentes motivos.
El exministro de Salud Óscar Ugarte sostiene que esta medida es un un costo que tiene que asumir el Estado de forma permanente, porque la aplicación de castración química a agresores sexuales es un proceso de constantes aplicaciones de sustancias que reducen la libido.
Por otro lado, desde el aspecto legal, la abogada Romy Chang argumenta que la implementación de este castigo no es compatible con la legislación de Perú, debido a que ya existe la cadena perpetua para los violadores, lo cual implica que ya no saldrían nunca del penal.
