A pesar de haber señalado que se allanaba a todas las investigaciones, la integrante de la Comisión Permanente, Luciana León, solicitó dejar sin efecto todo lo actuado durante el allanamiento del Ministerio Público en su casa y su despacho congresal.
Según indicó, se habría vulnerado sus derechos de parlamentaria con una medida que no correspondería a alguien que goza del beneficio del antejuicio político. Especialistas como el constitucionalista Luciano López indicaron que esto solo aplicaría en la segunda etapa de la investigación.
Una postura distinta tiene la abogada penalista Romy Chang, quien considera que la Fiscalía puede haber cometido un exceso. López dice que un allanamiento no es una medida relacionada directamente con la persona investigada. Para Chang el allanamiento corresponde a otra etapa de la investigación.
En el año 2010, el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que indica que la prerrogativa del antejuicio no es efectiva en la etapa preliminar a cargo del Ministerio Público. Es decir, no sería aplicable para la etapa en que se encuentra el caso de León Romero.
