Luego de que el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, pasara a la clandestinidad tras ser sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso de una obra de saneamiento de La Oroya, este fue criticado desde la izquierda.
En el Congreso, Richard Arce, de Nuevo Perú, señaló que Cerrón debe responder a la justicia y desmintió que su partido haya tenido cercanía con el ahora prófugo, pese a que su lideresa, Verónika Mendoza, se reunió con Cerrón en junio.
Desde la clandestinidad, Vladimir Cerrón señaló que "no hay ningún delito" en el caso de una obra de saneamiento en La Oroya durante su primera gestión, y que la jueza a cargo del caso emitió una sentencia presionada por intereses políticos.
