Nidia Vílchez: "La ministra de la Mujer tiene que ir para atender casos de niñas awajún"

El abandono estatal en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, han encendido el debate sobre la protección de niñas y adolescentes awajún. La exministra de la Mujer, Nidia Vílchez, pidió la intervención inmediata del Ejecutivo y afirmó que la actual titular del sector debe acudir personalmente a la zona para atender los casos de violencia sexual que, según líderes indígenas, permanecen sin respuesta efectiva.

Ausencia del Estado en comunidades awajún

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Vílchez señaló que la falta de una atención intersectorial ha agravado la situación de las víctimas, especialmente tras la desactivación de fiscalías y unidades médico-legales estratégicas en Condorcanqui. A su juicio, varios ministerios, entre ellos los de la Mujer y Educación, no estarían cumpliendo su rol frente a la emergencia social que atraviesan las familias indígenas.

La exfuncionaria remarcó que existen casos que no avanzan debido a la ausencia de procesos legales adecuados y a la falta de acompañamiento institucional. “Lo que se demanda es que la ministra de la Mujer vaya, porque es la entidad competente principal para buscar la solución”, sostuvo, insistiendo en la necesidad de una respuesta directa del Gobierno.

Hizo un llamado al Ministerio Público para que restituya las fiscalías en Condorcanqui: “Por eso el llamado al fiscal de la Nación a efecto de restituir al personal de esta zona”, manifestó Vilchez, quien calificó de “irresponsable” la desactivación de las fiscalías.

Testimonios revelan impacto en víctimas indígenas

El pronunciamiento surge luego de que Rosemary Pioc, profesora y líder awajún, difundiera el testimonio de una familiar de una adolescente de 16 años que habría sido ultrajada por su padrastro. La menor, cuya madre falleció, quedó embarazada producto del abuso y actualmente tiene un bebé de casi seis meses, mientras el presunto agresor permanece en libertad pese a la denuncia presentada.

La familia asegura que el proceso judicial continúa sin avances y que no han recibido atención en cámara Gesell. Además, la adolescente dejó sus estudios debido a las secuelas del caso, lo que ha incrementado la preocupación entre organizaciones sociales y líderes indígenas que exigen el retorno de las fiscalías en la provincia amazónica.