Han pasado ocho meses desde que cinco jóvenes desaparecieron tras viajar a la provincia de Pataz, en la región La Libertad, con la promesa de trabajar como obreros en una mina. A pesar del tiempo transcurrido, sus familias no han recibido información clara sobre el paradero ni la identidad de los cuerpos hallados en una fosa común, presuntamente dentro de una operación minera ilegal.
SOLO QUIEREN RECUPERAR LOS CUERPOS DE SUS SERES QUERIDOS
Entre los desaparecidos figura Óscar Luis Torres Sánchez, de 20 años, cuya hermana, Gisel Torres, exige que se realicen las pruebas de ADN para confirmar si uno de los cuerpos corresponde a su familiar. Según relata, las autoridades no les brindan información, no contestan llamadas y han postergado indefinidamente los resultados.
“Nos dijeron que el cuerpo de mi hermano estaba en el sistema, pero luego nadie quiso confirmarlo. No sabemos si está congelado o enterrado. Una mamá fue a Trujillo y le dijeron que solo había masa y huesos”, señaló a Buenos Días Perú.
Otra madre, Lourdes Valverde Santos, también espera noticias sobre su hijo Jostin Lojas. Afirma que fueron amenazadas cuando intentaron viajar a Huamachuco para presentar una denuncia. “Nos dijeron que si retirábamos la denuncia, entregarían el cuerpo. Nos advirtieron que sabían en qué hospital nos encontrábamos y que nos iban a matar”, indicó.
Ambas mujeres indican que los jóvenes fueron reclutados como obreros sin contratos formales y que desaparecieron tras cumplir un mes en la zona. Algunos habrían sido engañados con promesas de altos sueldos. La última comunicación con ellos ocurrió el 17 de septiembre del año pasado.
Los cuerpos fueron hallados en una fosa dentro de la mina La Poderosa, según la versión inicial que recibieron las familias. Se presume que fueron asesinados y enterrados con explosivos para evitar su identificación. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha esclarecido los hechos ni ha entregado los restos a los familiares.
Los familiares denuncian que las investigaciones están paralizadas. Tampoco se ha levantado el secreto de las comunicaciones, lo que impide rastrear los últimos mensajes y llamadas de las víctimas. A esto se suma que los antropólogos forenses no emiten informes concluyentes, y los resultados de ADN han sido demorados por más de un año.
“Queremos sepultarlos con dignidad. No pedimos otra cosa. Solo queremos saber si los cuerpos son nuestros hijos”, suplican las madres, quienes aseguran que no dejarán de exigir justicia, pese al miedo y al abandono institucional.
