El sistema penitenciario en nuestro país enfrenta una crisis de hacinamiento, debido a que hay más internos que espacios disponibles y el próximo gobierno tendrá el reto de enfrentar este hecho sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.
De acuerdo a Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, el Estado ha utilizado la cárcel como herramienta legítima contra la inseguridad en los últimos 20 años, pero sin políticas de construcción de nuevos penales o planes de deshacinamiento. Solo en marzo salieron de prisión 1,562 internos, pero ingresaron 2,222, evidenciando el desequilibrio del sistema.
Cada interno representa un costo diario para el Estado. Pedraza señaló que "en promedio un preso en el país cuesta S/20 diarios aproximadamente", monto que incluye alimentación, mantenimiento y personal. Sin embargo, en la práctica, muchas familias terminan sosteniendo parte de la alimentación, medicinas y necesidades básicas de los internos, lo que agrava la situación económica de los hogares.
Debate sobre medidas alternativas
El Ministerio de Justicia propone reducir el hacinamiento liberando a internos por delitos menores o por omisión de asistencia familiar, medida que genera rechazo en algunos sectores por temor a la impunidad.
Pedraza señaló que "hay casi 5 mil personas detenidas por omisión de asistencia familiar", y cuestionó si la detención de quien incumple una obligación alimentaria resuelve el problema de la familia abandonada o "probablemente la agrava".
Prisión para delitos graves
Especialistas sugieren reservar la prisión para personas condenadas por delitos graves como sicariato, extorsión, crimen organizado o violación sexual, mientras se buscan alternativas para otros casos.