A raíz de la muerte del menor en una comisaría de Manchay, familiares y vecinos de la zona realizaron protestas a las afueras de la dependencia policial, exigiendo justicia y solicitando que el caso no quede impune.
La manifestación se tornó violenta, ya que los pobladores, en su afán de exigir justicia, arrojaron huevos contra los efectivos policiales y la fachada de la comisaría como forma de protesta causando una disputa entre pobladores y policías.
En respuesta, los agentes del orden lanzaron bombas lacrimógenas para controlar y dispersar a la multitud. Asimismo, se informó el cambio de personal policial a raíz de este caso.
DEMORAN LAS INVESTIGACIONES
Ante ello, el general Eduardo Pérez Rocha indicó que se habría cometido una presunta negligencia, ya que, según el reglamento, un menor de edad no puede ser sometido a calabozo. “Un menor de edad y adolescente, está prohibido que, una vez que sea intervenido por cualquier delito, sea ingresado a una sala de meditación o calabozo”, indicó.
Asimismo, cuestionó que no se haya realizado una custodia adecuada para vigilar al menor y asegurar que sus condiciones fueran las correctas durante su permanencia en la dependencia. “Lo primero, tienes un oficial de guardia; segundo, tienes un suboficial que es el encargado de requisar todo; y lo tercero y lo más importante, todos los centros de reclusión tienen el famoso segundo, la persona vigilante para evitar algún suceso al interior”, agregó.
POCO INTERÉS AL CASO
Por otro lado, cuestionó la poca intervención del Ministerio Público, señalando que las responsabilidades en este tipo de casos son compartidas entre las instituciones involucradas. “El titular de la acción penal es el ministerio público, pero parece que hay demasiado tiempo que se va a emplear entre ver los objetos que han participado en el hecho delictivo y el aspecto probatorio”, manifestó.
