La extorsión ha vuelto a cobrar una vida. Esta vez, la víctima fue la esposa de un conductor de transporte de personal, quien falleció tras un ataque armado perpetrado por una organización criminal que opera en el norte chico, en la zona de Sayán.
El dueño de la empresa afectada reveló a Buenos Días Perú que los delincuentes exigen S/20 mil como pago inicial para permitirles seguir trabajando. “Nos piden ese monto como ‘cuota de paz’ y ya conocen nuestras rutas, nuestros vehículos, todo”, denunció.
El servicio afectado no es de transporte público convencional, sino de empresas privadas que contratan a estas compañías para trasladar a sus trabajadores, muchas veces hacia sectores industriales, agrícolas o mineros. Sin embargo, la formalidad no los protege del miedo.
PUNTO DE QUIEBRE
Según el relato, los delincuentes ingresaron a una vivienda del centro poblado La Villa, en Sayán, donde se encontraba estacionada una de las unidades. En el ataque, la esposa de uno de los choferes murió baleada.
“El conductor está devastado. Ya no quiere declarar por miedo a represalias. Toda la comunidad sabe cómo actúan estos delincuentes, pero nadie se atreve a enfrentarlos”, señaló el empresario, quien pidió proteger su identidad.
“Ponte en línea si no quieres que sea peor. Te estamos hablando a buenas. Te voy a dar una pequeña prueba que te va a doler. Si no quieres a buenas, te voy a hacer pagar a las malas y te voy a cobrar el doble”, se lee en uno de los textos enviados por la organización criminal.
Las unidades ya han sido “mapeadas” por los extorsionadores, que colocan stickers como símbolo de control y advertencia. Los empresarios denuncian que la zona ha sido sectorizada por estas mafias, mientras las autoridades locales no actúan con la urgencia necesaria.
“Somos una empresa formal, trabajamos con clientes grandes. ¿Dónde está la seguridad que promete el gobierno? No puede ser que vivir en esta zona implique aceptar estas reglas de terror”, reclamó el denunciante, quien llegó a Lima para exigir respuestas directamente ante el Ministerio del Interior y la Dirincri.
El abogado Mario Arribas, que representa al grupo de empresarios, indicó que se está exigiendo la apertura de una carpeta fiscal y medidas urgentes como allanamientos y detenciones preliminares.
