En medio de una escalada de violencia sin precedentes, con más de 900 homicidios registrados en lo que va del año, el Perú busca alternativas frente a un Estado debilitado. Bajo esta premisa, el excandidato presidencial Hernando de Soto facilitó la llegada al país de Erik Prince, fundador de la controvertida empresa de seguridad Blackwater —hoy llamada Academy— y actual asesor en temas de defensa en América Latina.
Prince, conocido por sus operaciones en zonas de guerra como Irak y Afganistán, llega tras haber trabajado recientemente con el gobierno de Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Su visita, según declaró, tiene como objetivo escuchar, aprender y ofrecer soluciones aplicadas con éxito en otros países.
“No pretendemos tener todas las soluciones, pero tenemos muchas que han funcionado en otros lugares y creo que pueden aplicarse aquí”, indicó Prince durante una conferencia.
Durante su exposición, el empresario aseguró que brindará entrenamiento y herramientas a las fuerzas policiales, militares y organizaciones de defensa civil afectadas por el crimen, apoyándose en tecnología de inteligencia, drones y estrategias de control territorial.
La presencia del estadounidense en el país coincide con dos crisis urgentes: el avance del crimen organizado y la violencia generada por la minería ilegal en zonas como Madre de Dios, donde mafias armadas operan con impunidad.
“Personas que solo intentan ganarse la vida con la minería también están sufriendo por culpa de bandas criminales”, advirtió. “Esas bandas se comunican, se mueven, guardan dinero. Con cooperación, podemos encontrarlas y ayudar a las fuerzas del orden a frenarlas”, agregó.
Prince subrayó que la corrupción es parte de la condición humana, pero puede enfrentarse mediante sistemas y procesos adecuados que permitan obtener resultados eficaces con personal promedio. Además, destacó que las instituciones locales pueden fortalecerse con herramientas innovadoras y de bajo costo.
EN CONVERSACIONES
De acuerdo con De Soto, el empresario ya ha iniciado conversaciones con mineros formales e informales, así como con comités de autodefensa que intentan llenar el vacío dejado por el Estado en zonas críticas. La expectativa es que estas alianzas logren ofrecer soluciones concretas frente a una ola criminal que, hasta el momento, ha puesto al país contra las cuerdas.
