La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha denunciado con firmeza lo que considera un grave atentado contra el orden institucional tras el ingreso de la exfiscal Patricia Benavides a la sede del Ministerio Público el 16 de junio de 2025. En un pronunciamiento contundente, Espinoza alertó: “Hoy se está llevando a cabo un golpe a la democracia”, refiriéndose a las acciones de Benavides como un intento de desplazarla de su cargo, al que fue designada legítimamente por la Junta de Fiscales Supremos. La fiscal llamó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a estar atentas ante este episodio que, según ella, amenaza la estabilidad constitucional del país.
Espinoza señaló que Benavides ingresó al edificio fiscal sin cumplir los protocolos establecidos, como registrarse en el módulo de seguridad o solicitar una audiencia previa. “Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo para el cual he sido designada por la Junta de Fiscales Supremos”, afirmó, denunciando un intento de desalojo forzado. Además, expresó su preocupación por la posible suspensión de su resguardo personal, un derecho inherente a su función, y responsabilizó al Ministerio del Interior por no garantizar la seguridad de las instalaciones durante el incidente, lo que calificó como una omisión grave.
Controversia legal y defensa de la autonomía fiscal
El conflicto se originó tras una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló la destitución de Benavides como fiscal de la Nación y ordenó su restitución, una decisión que ha generado amplio debate. Espinoza, respaldada por expertos que cuestionan la competencia de la JNJ para designar al titular del Ministerio Público, defendió la legitimidad de su nombramiento. “La elección de la suscrita como fiscal de la Nación es plenamente legal, ha sido efectuada por la Junta de Fiscales Supremos”, declaró, subrayando que solo este organismo tiene la autoridad para designar al fiscal de la Nación.
El Ministerio Público, a través de un comunicado, confirmó que Benavides no respetó los procedimientos establecidos para el ingreso a la sede, lo que ha intensificado las tensiones. Espinoza reiteró su compromiso de mantenerse en el cargo y defender la institucionalidad, advirtiendo sobre las implicancias de estas acciones para la autonomía del Ministerio Público. Este enfrentamiento no solo pone en riesgo la estabilidad de la Fiscalía de la Nación, sino que también plantea serias interrogantes sobre el respeto al marco legal y constitucional en el Perú.
