La Municipalidad de Lima sigue demoliendo viviendas en Surco para continuar con la construcción de la Vía Expresa Sur. Este desalojo ha generado controversia, ya que los afectados aseguran tener títulos de propiedad de los terrenos y denuncian la falta de un proceso de negociación previo para el pago de un justiprecio.
Desde las 3 a.m. del último martes, maquinaria pesada comenzó a derribar inmuebles del pasaje Santa Rosa. Entre los afectados está Raúl, un residente de 70 años que asegura haber vivido toda su vida en su casa, ahora convertida en escombros. "Esto es lo que queda de mi casa. Viví aquí más de 25 años. Tuvimos que sacar nuestras cosas en la madrugada con miedo", relató otro vecino.
MML DEFIENDE DESALOJO
Según Mariella Falla, subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, el desahucio se realizó porque las viviendas estaban construidas en una zona con reserva vial desde 1968, de acuerdo con la ordenanza 341. “No estamos cuestionando los títulos de propiedad, sino que las construcciones no debieron edificarse. Tras el retiro, se analizará si son propietarios para determinar un posible pago compensatorio”, explicó la funcionaria a Panamericana Televisión.
Sin embargo, esta declaración ha sido cuestionada por los afectados, quienes argumentan que la comuna debió realizar primero un proceso de expropiación y negociación justa antes de proceder con las demoliciones.
Cabe mencionar que, el alcalde Rafael López Aliaga reconoció que algunas de las personas desalojadas podrían tener derechos sobre los predios, pero aseguró que esto será evaluado posteriormente. “Algunas personas tienen derechos, pero eso se verá después. Ahora estamos avanzando con el proyecto”, comentó la autoridad días antes del operativo.
La responsabilidad de evaluar los pagos compensatorios recaerá en EMAPE, el organismo encargado de ejecutar el proyecto de la Vía Expresa Sur. Sin embargo, aún no se ha definido qué área técnica llevará a cabo el proceso de análisis de titularidad ni el cronograma para resolver esta situación.
Mientras las autoridades avanzan con la primera fase del proyecto, las familias desalojadas han quedado en la incertidumbre. “Nos tratan como invasores, pero tenemos títulos de propiedad. Nadie nos ha explicado qué va a pasar con nuestras casas ni cómo nos van a compensar”, afirmó una agraviada.
