La abogada penalista Romy Chang analizó los recientes allanamientos realizados en la vivienda del exconductor Andrés Hurtado, como parte de las investigaciones preliminares por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Chang señaló que hubo varios errores en el procedimiento, comenzando por la innecesaria espera de la fiscalía para que llegara el abogado defensor del investigado.
"El Ministerio Público no estaba obligado a esperar al abogado defensor para iniciar el allanamiento", afirmó la letrada, aclarando que esta confusión proviene de una modificación legislativa que ya no es aplicable. Según explicó, la norma que obligaba a esperar al defensor fue derogada por el Código Procesal Penal de 2021, pero el Congreso la reintrodujo erróneamente en una ley relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, "esta ley ya no se aplica, y el caso de Andrés Hurtado no está vinculado al crimen organizado", aseguró la experta en derecho penal.
Además, criticó la filtración de información que se produjo antes del allanamiento, señalando que la sorpresa es importante en este tipo de diligencias. "Es inaceptable que el Poder Judicial publicara la autorización del allanamiento en sus redes sociales antes de que se realizara", dijo Chang, y añadió que esta acción puso en riesgo la efectividad del procedimiento. "La justificación del Poder Judicial de que solo anunciaron la autorización no tiene sentido. Al hacer pública esta información, se perdió el factor sorpresa, esencial para recabar pruebas", agregó.
La especialista también advirtió sobre el impacto de estos errores en un caso que involucra a exfiscales y una jueza, lo que podría llevar a interpretar estas acciones como intencionales. "Este tipo de errores, en un caso de una presunta red de tráfico de influencias, puede generar sospechas de corrupción o intentos de obstruir la justicia", concluyó la abogada.
