Miguel Espinosa, un estudiante universitario, fue agredido por el cobrador de una unidad de transporte urbano, luego que al joven se le negara pagar la tarifa correspondiente con su carnet universitario, un derecho reconocido por la ley peruana. El incidente ha causado indignación y ha llevado a la Universidad César Vallejo, donde Espinosa es estudiante, y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) a tomar medidas legales y administrativas contra la empresa de transporte.
En diálogo con Buenos Días Perú, el afectado relató que no solo fue el cobrador quien se negó a aceptar su carnet universitario como forma de pago, sino que también fue ayudado por otra persona que estaba a su lado. El conductor del autobús también se involucró en el incidente, empujándolo mientras el cobrador lo golpeaba. El estudiante explicó que este tipo de situaciones son frecuentes, a pesar de tener derecho a pagar la mitad de la tarifa en el transporte público, muchos cobradores rechazan el carnet universitario como forma de pago. Esta situación se repitió incluso el día después del incidente, cuando a Espinosa se le negó nuevamente su derecho.
Augusto López Paredes, portavoz de la Universidad César Vallejo, expresó su preocupación por esta situación generalizada. Según él, el caso de Espinosa es un reflejo de lo que muchos estudiantes universitarios enfrentan a diario. López Paredes subrayó la importancia de la educación en la formación de una sociedad justa y equitativa, y señaló que el medio pasaje es un beneficio importante para los estudiantes universitarios, especialmente para aquellos que estudian en universidades públicas.
Espinosa ha presentado una denuncia policial y el caso ha sido remitido a un juzgado. Por su parte, la Universidad César Vallejo ha proporcionado apoyo psicológico y jurídico a Espinosa y ha contactado a Sunedu para buscar su apoyo.
El 3 de octubre, Sunedu emitió una denuncia penal contra la empresa de transporte y el conductor. Además, el procurador ha iniciado acciones administrativas ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) e Indecopi para sancionar a la empresa.
