Están sobre casas, vías públicas, frente a colegios y hospitales, aunque algunos no lo acepten, podrían representar una seria amenaza en plena ciudad. Durante el gobierno de Ollanta Humala, en abril del 2015, se les dio carta libre a las empresas de telefonía para que puedan colocar sus antenas en cualquier punto.
La norma del pasado gobierno nacionalista dice que las municipalidades deberán ‘abstenerse’ de crear ‘barreras o nuevos requisitos’, lo que significaría que cualquier empresa de telefonía no necesita ningún permiso para colocar una de estas enormes antenas.
Hace algún tiempo presentamos el reclamo de los vecinos de la urbanización Camacho en La Molina. Ellos exigían que una antena levantada por la empresa Claro encima de una casa de la cuadra 1 de la calle El Naranjal, sea retirada. El alcalde Juan Carlos Zurek atendió a sus vecinos elaborando una ordenanza para ordenar la colocación de antenas, sin embargo, a cambió recibió una denuncia.
Marisol Espinoza, fue vicepresidenta del pasado gobierno, precisamente cuando se otorgaron las facilidades a las empresas de telefonía; actualmente congresista de Alianza para el Progreso señala que se debe revisar la normativa respecto a la colocación de estas estructuras. Pero no es la única, en diferentes bancadas también se recogió la preocupación de los vecinos de Lima metropolitana.
En tanto, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también se han pronunciado, aseguran que periódicamente miden los niveles de radiación y todo está en orden. Enterados del caso de una antena colocada por Claro en contra de la ordenanza municipal y los vecinos de la urbanización Camacho, aseguraron que tienen las puertas abiertas a algún reclamo ciudadano
Si causan daños en la salud, si alteran el ornato de la ciudad o si pueden caer debido a un sismo, todo en este momento, está en el marco de la posibilidad por ello, resulta urgente que nuestras autoridades revisen la normativa sobre la colocación de estas enormes estructuras en calles, plazas y hasta viviendas. En manos de las autoridades está desaparecer esa percepción que se tiene: que se protegería los intereses comerciales de las empresas operadoras y no a la población.
