El gerente general del consorcio Prisontec, empresa encargada de la instalación de bloqueadores de celulares en penales del país, denunció que durante este tiempo se han presentado trabas que impiden la colocación de este sistema.
Según Fernández, el principal problema es que el Estado nunca contrató una supervisión, por lo cual el Ministerio de Justicia empezó a hacer este trabajo. Ante ello, afirma que el Minjus contrató a un economista sin experiencia en supervisión "Mientras que han ido juntando un equipo, en el primer año que deberíamos haber instalado 16 penales, solamente nos aprueban 5 estudios técnicos especializados, y hasta hoy solamente 12", apuntó.
Afirmó que pese a ello, han logrado en 10 penales cubrir el 50% de la población penitenciaria y la más peligrosa. Agregó que este viernes terminarán de hacer la instalación en el penal Lurigancho.
En otro momento, Fernández denunció que durante las instalaciones en el penal Lurigancho solo les otorgaron el 15 % de los efectivos solicitados, “nos dejaron abandonados en Lurigancho instalando bloqueadores”, apuntó.
