El 1 de octubre será el día en que el referendo independendista se llevará a cabo; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña piensa diferente. El organismo de justicia ha ordenado que se impida la apertura de los centros de votación.
La celebración de la votación ha sido prohibida por la justicia española y rechazada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la autoridades catalanas están firmes en realizar el referendo.
La guardia civil española ha multiplicado sus esfuerzos y ha logrado confiscar cerca de 10 millones de papeletas de voto. Paul Rivera, responsable de relaciones exteriores de la región, manifestó que pese a la confiscación de las papeletas estas pueden volverse a imprimir y que los colegios electorales estarán a disposición de los votantes.
