La solicitud de la diputada Carmen Duarte, de la bancada Buen Gobierno, para que Estados Unidos evalúe el retorno de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) generó cuestionamientos en medio del debate sobre el uso de los recursos de cooperación internacional. La congresista planteó el pedido durante una conversación con el canciller, pese a que la administración de Donald Trump había dispuesto la revisión de las actividades de la agencia y posteriormente su desmantelamiento.
El proceso comenzó el 20 de enero de 2025, cuando Trump ordenó una pausa de 90 días para revisar los programas de USAID y su alineamiento con los intereses estadounidenses. Entre las principales críticas de su gobierno figuraron presuntos usos indebidos de fondos públicos y el financiamiento de organizaciones cuyas actividades, según sus cuestionamientos, contradecían los objetivos de Washington. La Embajada de Estados Unidos respondió al pedido de retorno con una negativa, al señalar que USAID no volverá a operar.
En el Perú también se puso bajo la lupa los recursos destinados a organizaciones de la sociedad civil. Entre los casos mencionados figura un proyecto del Instituto de Defensa Legal (IDL), financiado por el Departamento de Estado estadounidense, denominado “Mejora de las instituciones democráticas y la gobernabilidad en Perú”, con un presupuesto de medio millón de dólares para el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El programa contempla el fortalecimiento de la independencia judicial y medidas anticorrupción, así como apoyo jurídico en casos de amenazas o agresiones contra operadores de justicia que investiguen corrupción y delincuencia organizada.
MECANISMOS DE CONTROL
Frente a este escenario, el reportaje recordó la ley de fortalecimiento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impulsada por el excongresista José Cueto, que establece mecanismos de control sobre los recursos provenientes del extranjero. La norma busca reforzar la transparencia y la fiscalización de los proyectos financiados mediante cooperación internacional. La controversia plantea así una interrogante central: antes de solicitar el retorno de los fondos, ¿corresponde esclarecer cómo se utilizaron los recursos recibidos y garantizar que su destino pueda ser supervisado?