La modalidad de financiamiento impulsada por Juntos por el Perú para recaudar fondos mediante Yape ha generado una fuerte controversia política y legal. El partido liderado por Roberto Sánchez pidió aportes económicos a simpatizantes y afiliados para financiar solicitudes de nulidad de mesas electorales; sin embargo, el pedido continuó realizándose cuando el plazo para efectuar dichos trámites ya había expirado, según se denunció en un reportaje periodístico. La situación ha abierto interrogantes sobre el manejo de los recursos, la transparencia de los aportes y la supervisión de los organismos electorales.
Durante la campaña de recaudación, Roberto Sánchez promovió públicamente las contribuciones voluntarias y afirmó: “Estamos haciendo una actividad solidaria para autofinanciar con la solidaridad de nuestro pueblo y poder cumplir el pago de tasas”. El partido difundió cuentas bancarias y un número de Yape registrado a nombre de su tesorera, Luzmila Yalu Ayay Casas, con el objetivo de reunir el presupuesto necesario para sustentar los pedidos de nulidad de mesas electorales. No obstante, especialistas consultados advirtieron que los fondos ya no podían utilizarse para dicho propósito debido a que los plazos legales habían vencido.
Las críticas se intensificaron debido a que el comunicado de recaudación permanecía activo en las plataformas oficiales del partido aun cuando ya no era posible presentar nuevas solicitudes. En el informe se evidenció que ciudadanos continuaban realizando depósitos sin recibir información clara sobre el uso final del dinero. Además, se cuestionó la falta de un reporte público inmediato sobre el monto total recaudado y el destino específico de los recursos obtenidos.
Otro aspecto que generó preocupación fue el mecanismo utilizado para recibir los aportes. Expertos en derecho electoral y prevención de lavado de activos señalaron que las plataformas digitales pueden dificultar la verificación de la procedencia de los fondos si no existe un adecuado control y registro. Incluso se advirtió que los partidos políticos están obligados a reportar este tipo de ingresos ante los organismos competentes, entre ellos la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para garantizar la transparencia del financiamiento político.
FISCAL DE LA NACIÓN SE PRONUNCIA SOBRE POSIBLES RESPONSABILIDADES
Consultado sobre el caso, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, sostuvo que solicitar colaboraciones voluntarias para una organización política no constituye necesariamente un delito. Sin embargo, precisó que “si se solicita dinero para un propósito, tiene que cumplir” y advirtió que podrían existir responsabilidades administrativas si los recursos no son reportados adecuadamente o si se incumple la finalidad para la que fueron solicitados. Asimismo, señaló que, de comprobarse que los aportantes fueron inducidos a error mediante información falsa, la situación podría derivar en una investigación de carácter penal.
En otro momento, Gálvez también se refirió al proceso electoral y rechazó las versiones sobre un supuesto fraude electoral y afirmó: “No hemos tenido, por lo menos en el tiempo que yo recuerde, un proceso electoral tan transparente como esta segunda vuelta”. El magistrado también hizo un llamado a los actores políticos a respetar los resultados oficiales y evitar discursos que puedan generar tensión social.
