Una nueva controversia golpea el escenario político y pone bajo la lupa a uno de los partidos que busca llegar a Palacio de Gobierno en las próximas elecciones. Una denuncia presentada por un militante de Juntos por el Perú señala presuntas irregularidades vinculadas al manejo de recursos públicos destinados a capacitaciones partidarias, involucrando directamente al candidato presidencial Roberto Sánchez y a dirigentes de la agrupación.
La denuncia fue presentada por Américo Ponce de León, militante del propio partido, quien afirma haber sido testigo de un supuesto esquema irregular relacionado con el uso del financiamiento público directo otorgado por la ONPE. Entre los hechos denunciados figuran presuntas capacitaciones fantasmas, adulteración de información oficial y utilización indebida de fondos públicos, dinero que proviene del presupuesto asignado a las organizaciones políticas que superan la valla electoral.
Según el documento presentado y respaldado por el Comité Nacional de Ética de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez habría sido señalado como presunto responsable de declarar ante la ONPE una capacitación realizada supuestamente los días 9 y 10 de diciembre de 2023, actividad que, según los denunciantes, nunca se llevó a cabo. De acuerdo con la acusación, el partido recibió más de 6 millones 873 mil soles por financiamiento público directo, mientras que más de 1 millón 300 mil soles estaban destinados específicamente a programas de capacitación y formación política.
AFILIADOS NIEGAN PARTICIPACIÓN EN PRESUNTOS EVENTOS PARTIDARIOS
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es que la denuncia incluye declaraciones juradas de afiliados que aseguraron no haber participado en las actividades que fueron reportadas oficialmente. Incluso algunos de sus nombres habrían sido utilizados para completar el quórum requerido durante un congreso partidario, donde coincidentemente Roberto Sánchez fue elegido como candidato presidencial. Durante entrevistas recogidas en el caso, algunos militantes negaron haber asistido a reuniones o congresos registrados en documentos oficiales.
La gravedad del caso habría llevado a que el fiscal Marco Guzmán Vaca, de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, dispusiera el inicio de diligencias preliminares contra varios involucrados mencionados en la denuncia. Sin embargo, Roberto Sánchez no figura dentro de esa investigación preliminar debido a su condición de congresista y candidato presidencial, situación que, según especialistas citados en el caso, colocaría una eventual investigación bajo competencia de la Fiscalía de la Nación. Mientras tanto, los cuestionamientos se intensifican sobre el manejo de los fondos públicos y el rol que habría desempeñado la dirigencia partidaria.
