El Ministerio Público dispuso la reasignación de la investigación preliminar contra la empresa minera Paltarumi, luego de que se difundiera un borrador de la Disposición Fiscal N.° 8 antes de su emisión oficial. El documento, fechado el 10 de agosto, habría sido elaborado nueve días antes de la versión definitiva, notificada el 19 de agosto de 2026. La difusión de este documento generó cuestionamientos sobre una posible filtración de información desde el propio despacho fiscal, debido a que el borrador no contenía la firma de la fiscal adjunta ni el nombre del fiscal responsable.
El caso también está relacionado con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que a todas luces consignó información inexacta sobre la empresa minera. Entre las observaciones se señaló que el documento confundía a Paltarumi S.A.C. con otras compañías de nombres similares, como Paltarumi Minerals y Paltarumi 2. Asimismo, se cuestionó la información sobre ocho proveedores que supuestamente no figuraban en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aspecto sobre el cual la propia Fiscalía reconoció inexactitudes y la presentación de documentación por parte de la empresa.
Los fiscales Ricardo Flavio Morante Valarezo y Jadén Pérez Ruíz eran los encargados de la investigación y tenían acceso al borrador de la disposición. Tras los cuestionamientos, la Fiscalía decidió apartarlos del caso y reasignó la carpeta al fiscal Robinson Alexander Julca Castañeda. Sin embargo, la decisión abrió nuevos interrogantes sobre quién habría entregado el documento a terceros y con qué finalidad, considerando que la difusión no habría sido autorizada. Durante el reportaje también se cuestionó que el cambio de fiscales no esclarezca el origen de la filtración.
¿QUIÉN RESPONDE POR FILTRACIÓN DE DOCUMENTO?
El tema fue abordado por la periodista Milagros Leiva, quien recordó que el abogado Eduardo Roy Gates había advertido sobre la difusión de un documento que todavía se encontraba en elaboración. La conductora cuestionó el uso de información fiscal filtrada para realizar publicaciones periodísticas sin contrastar previamente los datos ni recoger la versión de las personas involucradas. Además, pidió que se investigue el origen de las filtraciones y se determinen las responsabilidades correspondientes, a fin de garantizar la objetividad de las investigaciones y el respeto al debido proceso.
