La tragedia del caso Utopía vuelve a generar indignación más de dos décadas después del incendio que cobró la vida de 29 jóvenes el 20 de julio de 2002, en la discoteca ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, en Surco. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Alan Azizollahoff Gate, uno de los propietarios del establecimiento, y determinó que la condena de cuatro años de prisión que pesaba sobre él ya había prescrito.
Azizollahoff fue condenado por el delito de homicidio culposo por omisión impropia, debido a la falta de medidas de seguridad que contribuyeron a la tragedia. Tras una serie de recursos y apelaciones, en 2019 se emitió una orden de captura internacional en su contra. Sin embargo, al haber transcurrido el plazo establecido para la prescripción de la pena, su defensa solicitó que se deje sin efecto la condena y las medidas de captura.
El abogado penalista César Nakazaki cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional y sostuvo que esta representa un “saludo a la impunidad”. Según señaló en el programa Esta Noche de Milagros Leiva, Azizollahoff huyó del país y permaneció en Sudáfrica al conocer que podía perder el proceso judicial. “Había mucha corrupción en el caso Utopía”, afirmó el abogado al referirse a las circunstancias que rodearon el proceso por la muerte de los 29 jóvenes.
¿HUBO CORRUPCIÓN EN EL CASO?
Con la resolución del Tribunal Constitucional, quedan anuladas las resoluciones que rechazaron anteriormente el pedido de prescripción y se levantan las órdenes de captura contra el exempresario. La decisión ha vuelto a poner en el centro del debate el reclamo de los familiares de las víctimas, quienes durante años exigieron que los responsables respondieran ante la justicia. A más de 24 años de la tragedia, la prescripción de la condena deja nuevamente la pregunta sobre quién responde por la muerte de los 29 jóvenes.
