La creciente tensión entre China y Estados Unidos por la influencia en América Latina generó diversas reacciones en el Congreso de la República, debido a la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al Perú. Algunos parlamentarios cuestionaron la presencia del funcionario y consideraron que el país no debe someterse a los intereses de ninguna potencia, mientras otros señalaron que el Perú debe mantener una posición independiente y buscar acuerdos que beneficien a la población. Rubio tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori para abordar diversos temas de interés bilateral.
Desde el Parlamento, algunos congresistas criticaron lo que consideran una intervención estadounidense en las decisiones soberanas del Perú, particularmente respecto a la elección de sus socios económicos y comerciales. En contraste, otros legisladores sostuvieron que el país debe aprovechar las oportunidades de cooperación con ambas potencias sin convertirse en parte del enfrentamiento geopolítico. También destacaron que iniciativas como el denominado “Escudo de las Américas” podrían ser útiles para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado.
Las posiciones de los parlamentarios reflejan también sus diferentes orientaciones políticas frente a la relación del Perú con Washington y Beijing. Mientras algunos defendieron mantener una estricta neutralidad, otros respaldaron una mayor cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, tecnología y equipamiento. En todos los casos, coincidieron en la necesidad de que cualquier acuerdo preserve la soberanía peruana y priorice los intereses nacionales.
PEDIDO DE FACULTADES
En paralelo, el Congreso continúa evaluando el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El primer ministro Luis Galarreta deberá sustentar la solicitud ante la Comisión de Constitución, mientras cuatro comisiones parlamentarias ya emitieron opiniones desfavorables sobre distintos aspectos del pedido. Sin embargo, estos informes no son definitivos y la decisión final corresponderá primero a la Comisión de Constitución y posteriormente al pleno. El debate se desarrolla mientras el Gobierno busca respaldo para implementar medidas relacionadas con seguridad, desarrollo y atención de emergencias.