El anuncio de renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, generó diversas reacciones en el Congreso de la República. Durante su pronunciamiento, Arriola agradeció a distintas autoridades y señaló que observaría desde “algún rincón del mundo” los resultados de la lucha contra la inseguridad. Esta expresión despertó especulaciones entre algunos parlamentarios, quienes plantearon la posibilidad de que el ahora jefe policial pueda ser designado en una embajada o como agregado en el exterior, aunque dicha posibilidad corresponde a una decisión del Poder Ejecutivo.
Las opiniones sobre su salida fueron divididas. Algunos congresistas calificaron la renuncia como tardía y cuestionaron un supuesto respaldo político que habría recibido Arriola durante su gestión. Incluso señalaron que su salida podría formar parte de una negociación vinculada al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo para enfrentar la criminalidad. En contraste, otros parlamentarios consideraron que la decisión de dar un paso al costado demuestra un compromiso con la institución policial y valoraron que Arriola haya asumido una posición frente a los cuestionamientos.
Sin embargo, desde el propio Congreso también se advirtió que retirar al comandante general de la PNP no solucionará por sí solo el problema de la inseguridad ciudadana. Los parlamentarios señalaron que existen dificultades estructurales que involucran a distintas instituciones, además de problemas logísticos y presuntos casos de corrupción. También cuestionaron que personas detenidas por la Policía puedan recuperar su libertad poco después de ser intervenidas debido a decisiones fiscales o judiciales. En ese sentido, sostuvieron que la lucha contra el crimen requiere una estrategia integral.
REEMPLAZO DE ARRIOLA
Mientras se define formalmente la salida de Arriola, el general Fredy López aparece como la figura para asumir la conducción de la Policía Nacional, debido a su posición en el escalafón y su experiencia en áreas de investigación. Paralelamente, el Congreso convocó a los ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y del Interior, César Astudillo, para que expliquen las acciones del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana. Las autoridades deberán responder ante las comisiones correspondientes de las cámaras de Senadores y Diputados, en sesiones cuya realización pública también ha generado expectativa entre los medios de comunicación.