El Gobierno plantea clasificar a determinadas organizaciones criminales como “grupos hostiles” con el objetivo de ampliar las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado y permitir una participación más activa de las Fuerzas Armadas. La propuesta surge ante la expansión de bandas que ya no solo operan en determinadas ciudades, sino que también mantienen presuntos vínculos y actividades que trascienden las fronteras.
La iniciativa ha generado un debate entre especialistas, debido a que la clasificación como grupo hostil no implicaría automáticamente que los militares tengan carta libre para intervenir. Entre los referentes mencionados se encuentran Colombia y Ecuador, países que han enfrentado escenarios de violencia interna y han adoptado distintas figuras legales para ampliar la participación militar contra organizaciones criminales. En Perú, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo propio que permita justificar este tipo de intervención.
Uno de los principales puntos de preocupación es la diferencia entre las operaciones militares en zonas rurales y aquellas desarrolladas dentro de ciudades densamente pobladas. Una intervención armada en un área urbana presenta riesgos particulares para la población civil y plantea interrogantes sobre las reglas de actuación, los límites del uso de la fuerza y el respeto de los derechos fundamentales. En paralelo, también ha resurgido el debate sobre una eventual salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos.
INTELIGENCIA POLICIAL
Los especialistas sostienen que, más allá de la clasificación jurídica que finalmente se adopte, la lucha contra las organizaciones criminales requiere fortalecer la inteligencia policial, el seguimiento de las rutas del dinero ilícito y la coordinación entre las instituciones del Estado. La propuesta del Ejecutivo deberá ser evaluada por el Congreso, donde se determinará si existen las condiciones legales y políticas para aplicar esta nueva figura contra las bandas criminales.