El diputado Aldo Bravo plantea penalizar de manera agravada la apología del delito, especialmente cuando se promuevan actos violentos durante protestas. El legislador explicó que su propuesta busca sancionar a quienes inciten al uso de explosivos, artefactos incendiarios, sustancias peligrosas u otros medios para atentar contra la vida, la seguridad o la propiedad pública y privada.
Según Bravo, el proyecto contempla un agravante en el artículo 316-B del Código Penal para funcionarios públicos, congresistas, líderes gremiales, dirigentes políticos, influencers y comunicadores que tengan capacidad de movilizar a grandes grupos de personas. El legislador sostuvo que la iniciativa no sancionaría una opinión política ni la convocatoria a una marcha pacífica, sino expresiones que promuevan directamente actos como incendiar, tomar o violentar instalaciones.
El parlamentario señaló que la propuesta surgió a partir de los hechos violentos registrados durante las protestas posteriores al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, en 2022. Bravo afirmó que durante ese periodo murieron 67 peruanos entre civiles, militares y policías, y sostuvo que su proyecto busca prevenir nuevos hechos de violencia. “Sí a la manifestación pacífica, sí a la libertad de expresión, pero no a cometer delito amparándose en otros derechos”, afirmó.
TRANSPORTISTAS ANUNCIAN PARO
En la misma jornada, representantes de empresas de transporte de Lima y Callao se reunieron con la bancada de Ahora Nación y reiteraron su convocatoria a un paro para el próximo 25 de agosto debido a los ataques y extorsiones que afectan al sector. El dirigente Héctor Vargas indicó que la medida podría levantarse si la presidenta Keiko Fujimori los recibe presencialmente para explicar la estrategia del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.
