La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión contra la excongresista María Cordero Jon Tay, investigada por el presunto recorte de sueldo a uno de los trabajadores de su despacho cuando ejercía como parlamentaria.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la entonces legisladora habría exigido al trabajador que le entregara el 50 % de su remuneración. El caso salió a la luz luego de conocerse chats y testimonios que formarían parte de los elementos considerados durante la investigación.
ESPECIALISTA OPINA
El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que estos elementos serían relevantes para sustentar la acusación fiscal. “Los elementos existían. Habían chats donde se evidenciaba sin ninguna duda un recorte indebido de sueldos al personal”, indicó. Rodríguez agregó que, si la acusación recoge también las declaraciones de las personas involucradas en dichas conversaciones, existirían elementos para acreditar el presunto delito de concusión.
Cordero Jon Tay integró la bancada de Fuerza Popular hasta que el caso se hizo público en 2023. La controversia continuó en marzo de 2024, cuando el Pleno del Congreso no alcanzó inicialmente los 60 votos necesarios para suspender a Cordero Jon Tay y levantarle el fuero parlamentario. La decisión generó cuestionamientos y acusaciones de un presunto “blindaje”. Posteriormente, el Parlamento volvió a abordar el caso y finalmente aprobó sancionarla.
Además de los cuatro años de prisión, el Ministerio Público solicita que la exlegisladora sea inhabilitada durante 10 años para ejercer cargos públicos. El caso se encuentra pendiente de pasar a la etapa de control de acusación, procedimiento previo en el que se determinará si el proceso contra María Cordero Jon Tay avanza a juicio oral.