Nuevos cuestionamientos recaen sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la contratación de la empresa Galaga para el traslado de material electoral en Lima Metropolitana. Según un informe difundido por el portal La Contra, la compañía elegida no habría presentado la propuesta más favorable ni en términos económicos ni técnicos.
La investigación señala que Galaga no solo fue la opción menos conveniente frente a otras empresas competidoras, sino que además existirían irregularidades en la evaluación de los requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia. Entre ellos, la capacidad mínima de los camiones exigida para el servicio.
El periodista Gonzalo Bedoya explicó que, en el proceso de evaluación, a otras empresas se les descontó el espacio de la cabina del conductor al medir la capacidad de los vehículos, lo que habría generado que no cumplieran con el requisito de 10 metros cúbicos. Sin embargo, cuestionó que no se haya aplicado el mismo criterio o verificación rigurosa en el caso de Galaga.
PROBLEMAS LOGÍSTICOS
Asimismo, se advirtió que la ONPE no habría realizado comprobaciones físicas de las unidades ofrecidas, basándose únicamente en documentación presentada por las empresas. Este hecho habría contribuido a los problemas logísticos registrados durante el proceso electoral, afectando el traslado oportuno del material y generando mayor controversia en torno a la transparencia del sistema.