En entrevista con 24 Horas Mediodía, la especialista en contrataciones del Estado, Mónica Yaya, explicó que la empresa encargada del transporte de material electoral fue contratada debido a que no se encontraba inhabilitada para trabajar con el Estado, pese a contar con antecedentes. Sin embargo, precisó que si hubo incumplimientos graves en el pasado, entidades como la ONPE o la Municipalidad de Lima debieron gestionar su sanción correspondiente.
La experta cuestionó el momento en que se realizó la contratación, señalando que el contrato se firmó recién el 9 de marzo, a pocas semanas del proceso electoral, pese a que el presupuesto ya estaba asignado desde el año anterior. En ese sentido, advirtió una posible “improvisación” e incluso deslizó que el retraso pudo haber sido deliberado para facilitar una adjudicación directa.
Yaya también indicó que el contrato no ha sido transparentado, pero sugirió que la empresa estaría deslizando que la ONPE no le habría entregado información clave a tiempo, como las cédulas o los puntos de distribución. Recordó que existen antecedentes similares en procesos anteriores, donde proveedores no pudieron cumplir por falta de información proporcionada por la propia entidad.
Finalmente, señaló que las responsabilidades no deberían recaer solo en funcionarios de menor rango, sino en los niveles más altos de la administración, incluyendo al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, e incluso al Ejecutivo. Subrayó que el Estado debe garantizar procesos electorales transparentes y advirtió que este caso podría afectar la confianza ciudadana si no se brindan explicaciones claras.