El 10 de octubre de 2025, José Jerí asumió la presidencia de la República por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. A cien días de haber juramentado en el cargo, los resultados de su gestión en materia de lucha contra la criminalidad siguen siendo cuestionados, especialmente por uno de los sectores más golpeados: el transporte público.
Desde el gremio Transportes Unidos, su vocero Martín Ojeda señaló que las estadísticas continúan reflejando una grave falta de prevención y que la problemática no solo se ha agudizado en seguridad, sino también en el ámbito administrativo. Cuestionó la excesiva burocracia, citando como ejemplo la Ley 32490 y el retraso en la entrega de nuevas placas vehiculares, factores que, según indicó, han afectado directamente al sector.
Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, reiteró la necesidad de un control territorial efectivo y articulado entre municipalidades, serenazgo, Policía Nacional y Ministerio Público. Recordó que esta propuesta ya fue planteada durante el paro de transportistas y consideró que su implementación sostenida permitiría hacer seguimiento permanente a las bandas criminales.
APERTURA AL DIÁLOGO
Ambos dirigentes coincidieron en destacar como aspecto positivo la mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, en contraste con la gestión anterior. Reconocieron voluntad política y liderazgo en las autoridades, aunque calificaron la gestión con una nota desaprobatoria debido a que los ataques contra unidades de transporte no han disminuido. Ojeda otorgó una calificación de 10.5 sobre 20 al gobierno de Jerí, mientras que los gremios saludaron medidas como la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta.
