Congreso no alcanza votos para inhabilitar a Pedro Castillo y Betssy Chávez
De igual forma, tampoco se alcanzó la mayoría para inhabilitar al exministro del Interior, Willy Huerta.
De igual forma, tampoco se alcanzó la mayoría para inhabilitar al exministro del Interior, Willy Huerta.
El Pleno del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar el informe final sobre las denuncias constitucionales 547 y 575, acumuladas contra el expresidente Pedro Castillo, que proponía su inhabilitación por diez años por el presunto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. De igual forma, tampoco se alcanzó la mayoría para inhabilitar a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, ni al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas.
En el debate, Castillo Terrones, desde el penal de Barbadillo, negó los cargos y sostuvo que se le acusa injustamente de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. “No se ha podido probar lo que aduce el Congreso para inhabilitarme por 10 años”, afirmó. Por su parte, Betssy Chávez y su abogado defendieron que la exjefa de gabinete es una “perseguida política” que requiere salvoconducto, mientras Huerta Olivas reiteró su inocencia y prometió demostrarla ante las autoridades.
El debate legislativo estuvo marcado por la división de opiniones. Congresistas como Pasión Dávila, Jaime Quito y Guido Bellido defendieron a Castillo, calificando las acusaciones de injustas y solicitando el archivo del caso. Otros, entre ellos Eduardo Salhuana, Alejandro Cavero y José Williams, sostuvieron que el exmandatario incurrió en un intento de golpe de Estado y en infracción constitucional, descartando que el juicio tenga motivaciones de racismo o clasismo.
La votación final reflejó la falta de consenso: solo 44 legisladores votaron a favor de inhabilitar a Castillo, con 31 en contra y 3 abstenciones; en el caso de Betssy Chávez, hubo 53 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones; y para Willy Huerta, 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Con ello, los tres exfuncionarios continuarán habilitados para ejercer cargos públicos, mientras el Congreso cierra este capítulo de las denuncias constitucionales.
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