Durante una sesión del Consejo de Estado Regional en Huánuco, el presidente de transición José Jerí sorprendió al anunciar la existencia de una base de datos que contiene los registros de todas las llamadas realizadas desde los establecimientos penitenciarios del país durante la última década. Según explicó, esta información ha sido administrada por el Estado a través de empresas privadas desde que se otorgaron las concesiones de los bloqueadores de señal, hace diez años.
Jerí calificó el hallazgo como “sorprendente” y advirtió que estos registros habrían permitido prevenir múltiples delitos si las autoridades competentes hubiesen hecho un uso adecuado de la información. “Diez años de llamadas, diez años de planificación de atentados, extorsiones y asesinatos. ¿Cuántos homicidios se hubieran evitado si se hubiera tomado la decisión política de actuar con lo que ya teníamos a la mano?”, cuestionó el mandatario, en un mensaje que deja entrever posibles omisiones o negligencias de anteriores gestiones.
Posible negligencia en el manejo de información penitenciaria
El presidente enfatizó que su Gobierno iniciará una revisión exhaustiva para determinar por qué esta base de datos no fue utilizada con fines de seguridad. En su discurso, Jerí dejó abierta la posibilidad de que funcionarios de gobiernos pasados hayan ignorado o incluso encubierto información relevante vinculada a la delincuencia organizada. Esta situación, según indicó, amerita una investigación para establecer responsabilidades dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otras entidades estatales que intervinieron en el sistema de control de llamadas.
El anuncio genera expectativas respecto a las próximas acciones del Ejecutivo. Jerí, quien asumió el poder de forma transitoria, enfrenta el reto de traducir esta revelación en resultados concretos. La ciudadanía y los especialistas esperan que el Gobierno precise detalles técnicos y administrativos sobre esta base de datos y que se identifiquen eventuales irregularidades en su manejo, dado el impacto que la criminalidad penitenciaria ha tenido en la seguridad nacional.
