Tras la vacancia de Dina Boluarte, el Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país contra la exmandataria, medida que marca un nuevo escenario judicial para quien hasta hace unas horas ocupaba la Presidencia de la República.
¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?
Expertos en materia constitucional coincidieron en que la salida de Boluarte del cargo levanta las restricciones que impedían su investigación plena. El exprocurador Luis Vargas Valdivia recordó que la Constitución solo permite procesar a un presidente en funciones por delitos específicos, pero una vez cesado, “esa protección desaparece y las indagaciones pueden continuar con normalidad, especialmente por hechos anteriores a su mandato”.
Por su parte, el también exprocurador Antonio Maldonado precisó que el privilegio del antejuicio no cubre delitos comunes cometidos durante el ejercicio del cargo. “Si un presidente incurre en narcotráfico o asesinato, eso no constituye delito de función y, por tanto, puede ser procesado como cualquier ciudadano”, señaló.
Uno de los casos más relevantes es el de “Los Dinámicos del Centro”, iniciado antes de su gestión presidencial, donde se le investiga por lavado de activos vinculado a la presunta recolección de dinero para pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón. A ello se suman las indagaciones por el caso Rolex, obstrucción a la justicia (caso Cofre), y el caso Cirugías, este último por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en el que ya se había solicitado 18 meses de impedimento de salida del país.
Desde la defensa de Boluarte, el abogado Juan Carlos Portugal afirmó que la medida no los sorprende ni preocupa. “Mi patrocinada ha recibido la notificación en su domicilio. No existe peligro de fuga ni de obstaculización de la justicia; no ha solicitado asilo ni pretende pasar a la clandestinidad”, indicó.
