El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó como un “triunfo” la declaración de quiebra de la concesionaria Rutas de Lima, responsable de administrar varios peajes en la capital, principalmente en el sur. Según el burgomaestre, la salida de esta empresa representa un paso contra la corrupción en los contratos suscritos años atrás entre la concesionaria, la Municipalidad y el Estado.
Durante su pronunciamiento, López Aliaga señaló que la quiebra se trata de una “fiesta” para la ciudadanía, pues considera que se trata de concesiones manchadas por irregularidades. No obstante, especialistas advierten que su celebración podría ser prematura, dado que la empresa mantiene procesos internacionales contra el Estado peruano por presunto incumplimiento de contrato. Estos casos podrían generar indemnizaciones millonarias que se pagarían con recursos públicos.
Riesgo de arbitrajes internacionales
De acuerdo con lo explicado por analistas, los arbitrajes internacionales interpuestos por la concesionaria podrían resolverse en favor de la compañía. Si eso ocurre, el Estado peruano estaría obligado a desembolsar sumas significativas de dinero que impactarían directamente en las finanzas públicas. Incluso el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, advirtió que la situación debe evaluarse con cautela para evitar un perjuicio a los contribuyentes.
Rutas de Lima, en su último comunicado, precisó que la liquidación conlleva la suspensión de 24 garitas de peaje. Algunas de estas fueron clausuradas por mandato del Tribunal Constitucional, mientras que otras dejaron de operar tras protestas vecinales que incluyeron la quema de cabinas. Pese a ello, aún persisten responsabilidades municipales, como la construcción de vías alternas en Puente Piedra, compromiso establecido por el TC que hasta el momento no se ha cumplido.
