El gobierno de la presidenta Dina Boluarte continúa en el centro de la controversia por la ley de amnistía otorgada a militares, policías y comités de autodefensa que combatieron al terrorismo entre 1980 y 2000. La medida ha generado críticas a nivel nacional e internacional por su impacto en los procesos judiciales abiertos contra agentes del Estado.
En ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realiza una audiencia para revisar la constitucionalidad y aplicación de la norma. A la sesión acudieron tres representantes del Estado peruano, liderados por el abogado Ángel Delgado Silva, quien defendió la reciente promulgación de la ley.
Durante su exposición, Delgado Silva calificó de “hostigamiento” las investigaciones que aún enfrentan militares y policías por presuntas violaciones a los derechos humanos. “¿Le parece poco tiempo que, después de 20 años, se siga investigando a determinadas personas? Eso no respeta el plazo razonable establecido por esta corte como derecho fundamental. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año 3000?”, señaló.
FAMILIARES DE VÍCTIMAS RECHAZAN LEY
La audiencia también contó con la presencia de familiares de las víctimas, en su mayoría de casos ocurridos en Barrios Altos y La Cantuta. Entre lágrimas, la hermana de una de las víctimas rechazó la norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. “Esto me indigna y me duele profundamente en mi corazón y en mi alma”, expresó.
Cabe precisar que la Corte IDH ya había solicitado al Estado peruano suspender la aplicación de la ley de amnistía antes de su promulgación. Incluso, una comisionada del organismo denunció que el gobierno peruano habría desobedecido al tribunal internacional en al menos 20 oportunidades.
