La figura de Juan José Santiváñez continúa generando controversia, no solo por su pasado reciente al frente del Ministerio del Interior, sino también por su actual desempeño como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, una dependencia recién creada en Palacio de Gobierno. Su nombramiento en este cargo ha sido interpretado por diversos sectores como una muestra de la cercanía que mantiene con la presidenta Dina Boluarte, pese a los cuestionamientos que pesan sobre su conducta hacia la prensa.
Durante su breve gestión como ministro, Santiváñez destacó no por políticas de seguridad pública, sino por su actitud beligerante hacia medios y periodistas que publicaban información incómoda para su imagen. La práctica de enviar cartas notariales, amenazar con acciones judiciales y hacer uso de redes sociales para desacreditar a comunicadores se convirtió en una constante. Estas acciones no solo se mantienen, sino que parecen haberse trasladado ahora al entorno más próximo de la Presidencia.
Una política de presión sistemática
Las denuncias por presunto reglaje a periodistas, recientemente reveladas, se suman a una serie de acciones previas que describen un patrón de hostigamiento. Diversas organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, han expresado su preocupación por el ambiente de intimidación que enfrentan los comunicadores en el actual gobierno. En particular, señalan a Santiváñez como un actor clave en este deterioro.
Además de sus enfrentamientos con la prensa, Santiváñez enfrenta un escenario judicial adverso. El Poder Judicial declaró improcedente una acción de amparo presentada por su defensa, lo que permite que continúe una investigación relacionada con audios comprometidos atribuidos a su persona. Esta situación jurídica no ha mermado su influencia dentro del Ejecutivo, donde sigue ocupando una posición estratégica desde la cual, según denuncias, se ejerce presión sobre el trabajo periodístico.
