Una nueva crisis sacude al sistema penitenciario del país tras la fuga de un interno del penal de Lurigancho ocurrida la noche del lunes. Como primeras medidas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha dispuesto la remoción del director del penal y la separación de cuatro agentes que estaban directamente involucrados en el incidente. “Ese personal no volverá a prestar servicio en esa zona”, confirmó el presidente del INPE, Javier Llaque.
La mañana siguiente al escape, Llaque y el viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, llegaron al establecimiento para supervisar el área. Alcántara lamentó el hecho, recordando que el penal no registraba una fuga desde 2017, a pesar del hacinamiento. “No vamos a permitir que esto vuelva a suceder”, aseguró, destacando que actualmente hay más de 10 mil internos en Lurigancho, uno de los penales más sobrepoblados del país.
El problema del hacinamiento carcelario es de larga data. En 2020, el Tribunal Constitucional ordenó al Estado solucionar las graves deficiencias del sistema penitenciario en un plazo de cinco años, el cual vence el próximo 26 de mayo. Hasta ahora, las mejoras han sido insuficientes. Mientras tanto, en el Congreso ya se plantean opciones como la reorganización del INPE o el traslado de internos de alta peligrosidad a penales en el extranjero, como propuso el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana.
FUGA MASIVA EN 2022
El escape de Lurigancho trae a la memoria la fuga masiva de 18 internos del penal San Ramón de Moquegua en 2022. Aquel episodio, protagonizado por violadores, asesinos y extorsionadores, evidenció una vez más las brechas en la seguridad penitenciaria del país. Aunque el INPE asegura que adoptará todas las medidas para evitar que se repita un hecho similar, la ciudadanía espera respuestas concretas ante un sistema penitenciario colapsado.
