Mientras se emitía la sentencia de 15 años de prisión por lavado de activos contra Nadine Heredia, la exprimera dama esta ya se encontraba fuera del alcance de la justicia peruana, amparada por un asilo político otorgado por el gobierno de Brasil. La escena ha generado serias interrogantes sobre las omisiones de las autoridades peruanas en este caso, calificado por expertos como una “crónica de una fuga anunciada”.
Carlos Basombrío, exministro del Interior, fue enfático al señalar que no se activaron los mecanismos correspondientes para evitar la huida. “No se hizo lo que correspondía. Si no había vigilancia, es porque el gobierno no lo quiso”, aseguró.
Según explicó, cuando el Ministerio Público lo solicita, la Policía Nacional puede desplegar un equipo de “vigilancia y seguimiento” (VISE) para evitar que condenados escapen. Por su parte, Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), advirtió que varias unidades policiales debieron actuar para impedir el ingreso de Heredia a la embajada de Brasil.
Ambos especialistas coinciden en que la falta de acción por parte de la Policía no solo se debe a la Fiscalía, sino también a decisiones políticas de más alto nivel. “La presidenta está obsesionada con desprestigiar a los órganos autónomos del sistema judicial. La Policía no ha cumplido su función, sino que ha servido a los intereses de la mandataria”, acusó Basombrío.
ASILO POLÍTICO PARA NADINE HEREDIA
Heredia obtuvo un salvoconducto que le permitió trasladarse desde la embajada brasileña hasta el Grupo Aéreo N°8 sin ningún tipo de detención, hecho que, según Liendo, “otorga carácter político al caso y justifica el pedido de asilo”.