La bancada de Alianza para el Progreso, liderada por César Acuña, está ultimando un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público, una iniciativa que ha generado controversia en el ámbito político y judicial. La congresista María Acuña justificó la propuesta señalando que muchos fiscales y jueces del país enfrentan denuncias, lo que evidencia la necesidad de un cambio estructural en el sistema de justicia. Sin embargo, la iniciativa levanta sospechas sobre el verdadero propósito de la reforma.
Para el exprocurador Antonio Maldonado, esta propuesta es altamente cuestionable y representa un intento de “capturar” el Ministerio Público en un contexto donde APP es aliado clave del gobierno de Dina Boluarte. Desde el Ejecutivo, se ha denunciado acoso político, mientras que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió tajantemente: "No se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho". Espinoza reafirmó que el Ministerio Público continuará con su labor sin interferencias.
Las opiniones en el Congreso están divididas. Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, considera que la reforma es necesaria y debe abarcar todo el sistema de justicia, asegurando que existen buenos y malos magistrados. En contraste, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, argumentó que ni el Congreso ni el Ejecutivo tienen la legitimidad suficiente para liderar una reforma de esta magnitud, sugiriendo que sean los propios actores del sistema judicial quienes impulsen los cambios desde dentro.
¿CUÁL ES LA VERDADERA FINALIDAD?
La gran incógnita es quiénes liderarían esta reforma si se concreta la propuesta de Alianza para el Progreso. ¿Será realmente un esfuerzo por fortalecer la institucionalidad o una maniobra para debilitar la independencia del Ministerio Público en un momento en el que investiga a las más altas esferas del poder?
