La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional N.° 549, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra once congresistas que aprobaron una ley que permite a militares y policías en retiro recibir simultáneamente su pensión y un sueldo si vuelven a trabajar en el Estado.
SE BENEFICIABAN DE LEY QUE APROBABAN
Entre los beneficiados por esta norma se encuentran los legisladores en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía: José Williams Zapata (Avanza País), Jorge Montoya Manrique y José Cueto Aservi (Honor y Democracia), Roberto Chiabra León (APP) y Alfredo Azurín (Somos Perú). También figuran en la lista Hamlet Echevarría Rodríguez y Américo Gonza Castillo (Perú Libre), Carmen Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburu (Somos Perú), Pedro Martínez Talavera (No agrupado) y Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial).
La denuncia los señalaba por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Sin embargo, la subcomisión archivó el caso con 13 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, desestimando cualquier irregularidad en la aprobación de la norma.
