Un nuevo beneficio otorgado a los trabajadores del Congreso ha generado controversia: el bono de escolaridad equivalente a un sueldo completo. Este pago se entrega a todos los empleados parlamentarios, sin importar si tienen hijos en edad escolar, e incluso beneficia a pensionistas. En enero, más de 3,300 trabajadores del Legislativo cobraron este bono, lo que significó un desembolso superior a los 25 millones de soles.
El congresista Wilson Soto de Acción Popular defendió la medida señalando que este tipo de beneficios no son exclusivos del Parlamento, sino que también se otorgan en otras entidades estatales, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y Petroperú. Sin embargo, la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular evitó pronunciarse sobre el tema, indicando que corresponde al área administrativa del Congreso definir los alcances de este beneficio.
El economista Carlos Adrianzén cuestionó duramente la entrega de este bono, señalando que impacta negativamente en la economía del país en un momento de crisis fiscal. “Cuando la situación fiscal empeora, la pobreza se deteriora severamente. Es un acto de extrema irresponsabilidad”, advirtió. Además, alertó que este tipo de gastos pone en riesgo el grado de inversión y el prestigio económico del país.
DEFINE SUS PROPIOS LÍMITES
Actualmente, el Decreto Supremo 002-2025 del Ministerio de Economía establece que los servidores públicos pueden recibir un máximo de S/400 por escolaridad. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen de la actividad privada y fuera de la Ley Servir, define sus propios límites. Desde el sindicato de trabajadores parlamentarios se insiste en que el bono es producto de una negociación colectiva y debe cumplirse, pese a las críticas y su elevado costo para el Estado.
