La reciente incorporación de personas cercanas a la presidenta Dina Boluarte en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha encendido las alarmas y generado cuestionamientos sobre un posible copamiento de la institución. Entre los nuevos funcionarios destaca René Boluarte Zegarra, hermana de la mandataria, quien desde el 6 de enero se desempeña como asesora en la JNJ. Además, exconsejeros de la presidenta y una excongresista vinculada a Podemos Perú han sido designados en puestos clave, lo que, según el constitucionalista Víctor García Toma, genera suspicacia en medio de la tensión entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
El abogado García Toma advirtió que estas designaciones se dan en un contexto de confrontación entre el gobierno y entidades como el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Este nombramiento obviamente genera suspicacia, sobre todo porque se trata de la hermana de la más alta autoridad del Estado, quien actualmente se encuentra en una situación de controversia con estos entes jurisdiccionales”, señaló. La situación se agrava con la designación de María Teresa Cabrera, excongresista de Podemos Perú, como presidenta de la Comisión de Procesos Disciplinarios de la JNJ, encargada de investigar a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por su parte, la exministra de Justicia Delia Muñoz sostuvo que, desde el punto de vista legal, la hermana de la presidenta puede continuar en funciones, ya que ingresó al sector público antes del nombramiento de Boluarte. No obstante, reconoció que los cuestionamientos sobre la conformación de la JNJ seguirán en el debate público. “Lo único que queda es realizar un control ciudadano”, enfatizó. A estos nombramientos se suman Giovanna María Díaz Revilla y Joel Bolivia Revolledo, exasesores de Palacio que ahora ocupan cargos de alto nivel dentro de la institución.
DINA Y SUS CUÑADOS
El caso toma mayor relevancia tras conocerse que, en 2022, la Contraloría detectó que Boluarte no incluyó a sus siete cuñados en su declaración jurada de intereses. Entre ellos figura Alfredo Florentino Pezo Paredes, esposo de René Boluarte, quien fue contratado por la Contraloría para brindar servicios como docente. En su momento, la mandataria alegó desconocer sus actividades en la institución. En este clima de cuestionamientos, la responsabilidad de justificar las recientes designaciones recae en el Ejecutivo, que deberá demostrar su idoneidad en un contexto de crisis y enfrentamiento con otros poderes del Estado.
