El Congreso se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse un contrato por un millón 600 mil soles destinado a la alimentación de parlamentarios y trabajadores. Según la información, el presupuesto incluiría desayuno, almuerzo, cena y bocadillos extras. Ante las críticas, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, negó categóricamente la existencia de un “festín culinario” y acusó a la prensa de desinformar a la ciudadanía. Aseguró que los congresistas pagan su alimentación, salvo los días de pleno, cuando el Parlamento asume el costo del menú.
La polémica escaló cuando el congresista Jorge Montoya, a través de sus redes sociales, rechazó el gasto y responsabilizó a la Mesa Directiva, exigiendo la censura de Salhuana por su supuesta falta de liderazgo. En respuesta, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, afirmó que la Mesa Directiva no tenía injerencia en el proceso de licitación. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio Salhuana, quien admitió que sí pueden solicitar correcciones e incluso abstenerse de firmar el contrato si se detectan irregularidades.
El titular del Legislativo aclaró que, hasta la fecha, no se ha suscrito ningún contrato, ya que el proceso aún está en evaluación. De acuerdo con el cronograma de contratación, la revisión de las propuestas concluirá el 24 de febrero y la adjudicación se realizaría al día siguiente. Salhuana insistió en que si se encuentran excesos en los términos del contrato, estos serán corregidos antes de su firma en marzo.
¿QUÉ DETERMINARÁ EL CONGRESO?
La ciudadanía sigue atenta a la resolución de este caso, que ha generado indignación en un contexto de crisis económica y descontento con la clase política. Será en los próximos días cuando se determine si el Congreso de la República toma en cuenta las críticas y ajusta el presupuesto de este servicio o si, por el contrario, mantiene el contrato tal como está planteado.
