La ONG Red Balvin Anticorrupción presentó una denuncia administrativa contra 23 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP). La acusación se debe a la remoción irregular de 48 agregados policiales en el extranjero, presuntamente para favorecer a oficiales afines a la presidenta Dina Boluarte, al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, entre otros.
El abogado Sandro Balvin, representante legal de los agregados policiales afectados, calificó la medida como inconstitucional y arbitraria, sugiriendo que se busca "comprar silencios" dentro de la institución. "La presidenta está nombrando a sus sombras, a sus decanos", declaró.
Según el letrado, esta decisión vulnera el reglamento de la PNP, que establece un periodo de dos años para los nombramientos en el exterior. Además, denunció que se habrían falsificado documentos para ejecutar la remoción. "Esto ha sido planeado desde el año pasado", aseveró.
GASTO PARA EL ESTADO
Finalmente, advirtió que la aplicación de esta resolución representaría un gasto innecesario para el Estado y un grave perjuicio para los agregados y sus familias, quienes serían forzados a interrumpir sus funciones y regresar al país de manera abrupta.
