A pesar de que en 2023 el Congreso aseguró que no había presupuesto para la construcción de su sede en la playa, el 31 de enero de este año se desembolsaron más de 141 mil soles para la realización de una evaluación arqueológica como parte de la elaboración del proyecto. Esta obra, presentada inicialmente como un centro de capacitación, ha generado gran controversia debido a su ubicación en el exclusivo balneario de Santa María del Mar y al alto costo que implicaría para el Estado, estimado en 17 millones de soles.
El congresista Wilson Soto saludó el avance de la obra bajo la creencia de que se trataba de un centro recreativo para los trabajadores del Parlamento, comparándolo con beneficios similares en otras instituciones. Sin embargo, el abogado Alejandro Rospigliosi alertó sobre el riesgo de que la sede sea utilizada con fines recreativos en lugar de capacitación. “Esto va a ser mal utilizado”, señaló, responsabilizando al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y al contralor de la República, César Aguilar.
Sin embargo, no todos los congresistas están a favor de esta iniciativa. Lady Camones, legisladora de Alianza para el Progreso, partido que preside el Parlamento, expresó su rechazo al proyecto, señalando que su lejanía hace poco viable su uso para capacitaciones y que el Estado podría acceder a auditorios en calidad de préstamo en otras instituciones sin generar gastos adicionales.
¿INFRACCIÓN CONSTITUCIONAL?
Ante la reactivación de este cuestionado proyecto, expertos advierten que Salhuana y Aguilar podrían enfrentar denuncias por infracción constitucional y delitos como peculado de uso y malversación de fondos. “Todo funcionario público de alto nivel asume la responsabilidad por violar la Constitución, pero además hay una responsabilidad penal”, advirtió Rospigliosi. En octubre de 2023, el anuncio de esta sede provocó una gran indignación nacional, lo que llevó a su paralización.
