El Ejecutivo defendió las observaciones a la ley de detención preliminar, a pesar de que esta decisión deja al país en una situación de vulnerabilidad frente a sicarios, extorsionadores y organizaciones criminales. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, argumentó que esta medida no respeta la presunción de inocencia y puede ser utilizada como un método de presión indebida contra los investigados. “No puede existir un Estado de derecho donde la presunción de inocencia sea ignorada”, afirmó, destacando que esta medida podría ser empleada para obtener confesiones a costa de la libertad de los acusados.
Por su parte, el Congreso de la República reconoció errores en la derogación de la detención preliminar y la modificación de la ley de crimen organizado. Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, señaló que ya se han aprobado correcciones en ambas normativas, mientras que otros legisladores, como Jorge Montoya, pidieron analizar los cambios para evitar que se generen obstrucciones a la justicia.
Entre las recomendaciones del Ejecutivo, se planteó limitar la detención preliminar a delitos graves como feminicidio, sicariato, secuestro y terrorismo, dejando fuera los delitos de corrupción. Según el ministro Arana, estos ilícitos requieren investigaciones más extensas y complejas, justificando la aplicación de prisión preventiva en lugar de prisión preliminar. Sin embargo, esta exclusión ha generado críticas debido al contexto con casos de alto perfil, como el escándalo de corrupción en el programa Qali Warma, en el que alimentos no aptos para el consumo fueron entregados a niños pobres, involucrando a Freddy Hinojosa, exjefe del programa.
CONTINÚA LA POLÉMICA
La controversia aumenta mientras las autoridades intentan encontrar un balance entre respetar derechos fundamentales y garantizar la lucha eficaz contra el crimen organizado y la corrupción. La demora en la promulgación de la norma mantiene un vacío legal que favorece a investigados en casos sensibles, dejando al país en una encrucijada jurídica y social.
