Javier Aguirre, abogado penalista, se pronunció sobre las recientes modificaciones a la Ley de Crimen Organizado, resaltando que estos cambios no tendrán un impacto significativo en la extorsión y otros delitos.
Según Aguirre, la extorsión persistirá independientemente de lo que decida el Congreso, debido a que el problema radica en la capacidad operativa y de investigación de la policía, no en la legislación misma.
"Lo que se modifique o se derogue no cambiará la realidad. La extorsión va a seguir, ya que es un tema de capacidad operativa y de investigación de la policía, no es un tema de ley", afirmó Aguirre.
Explicó que toda ley penal tiene como objetivo el encarcelamiento de los delincuentes, pero el crimen organizado requiere una base económica ilegal y sistematizada, con varios delitos asociados a lo largo del tiempo.
SOBRE LA LEY EN MENCIÓN
La reciente Ley 32108 establece criterios más estrictos para definir el delito de organización criminal, excluyendo actividades delictivas como la extorsión y el sicariato.
La normativa, aprobada por el Congreso de la República, exige la demostración de una "estructura compleja desarrollada" y una "mayor capacidad operativa", limitando su aplicación a delitos con penas superiores a seis años.
